La vocación de formalidad, transparencia y cumplimiento no siempre forma parte de los emprendimientos. Existen otros terrenos en donde los negocios operan deliberadamente “a vuelo bajo”; estructuras genialmente diseñadas para comercializar productos y servicios ilícitos, evadir controles y fronteras, minimizar responsabilidades, ocultar beneficiarios reales o aprovechar vacíos normativos. En estos escenarios, la figura del abogado se vuelve determinante.
El ejercicio del derecho no se limita a revestir de legalidad una iniciativa per se; por el contrario, implica un compromiso ético y profesional con el ordenamiento jurídico, el interés público y la integridad del sistema económico. La participación activa o pasiva de un abogado en la estructuración de entramados “legalmente aparentes” lo aleja de su rol de asesor legal para convertirlo en un cómplice facilitador, quebrando así el frágil cristal de la ética, regulada detalladamente a través de diversas normas dominicanas.
El marco normativo de la República Dominicana es claro: tanto el derecho societario como el tributario, administrativo y penal, no pueden ser utilizados como un disfraz formal para encubrir actividades ilegales. El abogado, por su parte, no puede llegar a creer que el hecho de que una matriz malévola le funcione, justifica un buen ejercicio profesional del derecho.
La incorporación de sociedades sin sustancia real, el uso instrumental de testaferros, la fragmentación artificiosa de operaciones o la simulación contractual son prácticas que, aunque puedan parecer técnicamente sofisticadas, exponen tanto al cliente como al abogado a graves consecuencias legales y reputacionales.
El abogado tiene el deber de advertir, prevenir y, en última instancia, abstenerse. No todo requerimiento debe ejecutarse. Además de lo que pueda representarle económicamente un negocio a un abogado, la ética profesional exige rechazar estructuras cuyo propósito real sea la ilicitud.
Otras consecuencias negativas que afloran como resultado de la puesta en marcha de este tipo de estructuras son el debilitamiento del Estado de derecho y la distorsión de la competencia, afectando a quienes sí cumplen con las reglas. Las consecuencias de un abogado cómplice no son neutrales, sino que tienen efectos sistémicos.
En este contexto, el verdadero valor del abogado radica en su capacidad de orientar al cliente hacia modelos sostenibles, lícitos y transparentes, aún cuando ello implique decir “no”. La asesoría legal responsable no consiste en buscar atajos, sino en construir estructuras sólidas que resistan el escrutinio regulatorio, fiscal, judicial y hasta social.
En DHOZ ABOGADOS, nuestro compromiso es acompañar a nuestros clientes con un enfoque preventivo, ético y estratégico, alineado con la legislación dominicana y los estándares internacionales de cumplimiento, utilizando todas las herramientas legales que el ecosistema jurídico nos permita, siempre con el interés último de conducir a nuestros clientes por caminos que les permitan desarrollar sus objetivos de manera legítima y sostenible.
