En el año 1946 la República Dominicana promulgó la Ley núm.1268, la cual imponía sanciones a los malos tratamientos a los animales; sin embargo, su contenido y aplicación se volvieron débiles para la sociedad dominicana actual.

Dado que en nuestro país se registran con inusitada frecuencia escenas de malos tratos y crueldad contra animales, manteniendo y estimulando patrones de violencia que dañan al animal, comienzan a nacer desde hace ya unos años, instituciones privadas estables que motivan la protección de los animales, las cuales se mantienen dispuestas a velar en todo momento por el buen trato de éstos en sentido macro.

En esas atenciones, nace la Ley de Protección Animal y Tendencia Responsible núm. 248-12, derogando así la antigua Ley núm.1268 del 19 de octubre de 1946, la cual entre otras cosas define Animal  como: “Ser vivo irracional, criatura sensible que se nutre de sólidos y se mueve, que se clasifican según la especie domesticada o criada en: caninos, felinos, vacuno o bovino, ovino, porcino, caprino, equino, así como aves, peces, conejos, animales acuáticos o cualquier otro animal silvestre o en cautividad bajo el control de cualquier persona”.

Además, el objeto de la referida Ley es:

– Establecer las obligaciones del Estado mediante jornadas de esterilización, vacunación y la creación de albergues.

– Prevenir y erradicar todo maltrato y actos crueles en contra de los animales en la República Dominicana.

– Velar por la salud y el bienestar de los animales.

– Fomentar y promover la conciencia social en cuanto a la protección y cuidado de los animales.

Asimismo, la Ley contempla sanciones y penalidades que van desde multas y hasta cárcel, dependiendo de la negligencia o maltrado comentido contra el animal. Por citar, aqui algunas de ellas: desde 1 mes y hasta 1 año de prisión y multas desde 5 hasta 50 salarios mínimos.

Cualquier ciudadano puede denunciar y dar el debido seguimiento a un maltrato animal, a través de la Unidad de Protección Animal del Ministerio Público (UPA), representada por las fiscalías de cada jurisdicción.